Análisis de la Ley de Amparo

I. La persona quejosa, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Sin correlativo.

…

II a IV…

…

Tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo.

…

II a IV…

…

v  El interés legítimo a diferencia del interés jurídico, se caracteriza en qué en el mismo, podrá existir una afectación, ya sea en la esfera jurídica de una persona en forma directa o en virtud de su especial situación frente a una norma jurídica y no necesariamente se traduce en una afectación a un derecho subjetivo. Con ello, y a través de la figura del interés legítimo se prevé que el amparo puede ser promovido por cualquier persona partiendo de la titularidad de un derecho, o bien poseyendo un interés difuso o colectivo –grupos de personas-, en relación con un determinado acto de autoridad que vulnere derechos humanos, es decir, se tratan de proteger a los derechos humanos individuales o colectivos, de un determinado acto de autoridad, cabe destacar que dicho interés legítimo se ha presentado en temas ambientales, sobre todo, pero, también puede presentarse en cuestiones de seguridad, economía, medidas sanitarias, fitosanitarias, etc.

v  Por medio de la reforma de referencia se cambia el sentido y significado de lo que implica el interés legítimo, al exigir nuevos requisitos legales para acreditar su procedencia.

v  Esto es, con la Iniciativa de reformas a la Ley de Amparo, ahora se exige que la norma, acto u omisión reclamados deberán ocasionar en el quejoso una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada del resto de las personas, de tal manera que dicho interés legítimo produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual para las personas, esto en el supuesto de se otorgue el amparo y tal situación genera preocupación, debido a que los requisitos legales previstos para acreditar la procedencia del Amparo en la vía del interés legítimo, prácticamente se erigen en requerimientos más estrictos, esto, en principio, al exigirse que se demuestre la existencia de una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada del resto de las personas, cuestiones que pueden hacer complicado acreditar un interés legítimo, puesto que de entrada debe demostrarse una lesión jurídica ya sea individual o colectiva y en muchas ocasiones para la defensa de intereses colectivos, no podrá acreditarse dicha lesión jurídica sea en forma individual o colectiva o, al menos no en principio, otro ejemplo, tratándose de asociaciones o grupos con interés en un tema determinado, los mismos, ya no podrán interponer amparos bajo la figura del interés legítimo, debido a que no podrá demostrarse la existencia de una lesión jurídica individual o colectiva para sus miembros, aunado a ello, al exigirse ahora,      que también debe acreditarse una afectación real y diferenciada, tales cuestiones enfatizan y reafirman la improcedencia de la procedencia de un interés legítimo. A manera de guisa, si se pretende  realizar una obra pública que pudiere afectar normas de orden medio ambiental, por su desarrollo y ejecución, en principio resultaría complicado acreditar el interés legítimo, debido a que posiblemente y al inicio, no podría demostrarse dicha lesión jurídica real y diferenciada del resto de las personas, máxime que en este caso, las afectaciones se observarían con el transcurso del tiempo y no al principio, cuando ya se hubieren materializado los daños de orden medio ambiental.

v  En segundo lugar puede señalarse que prácticamente se está equiparando un interés legítimo, con un interés jurídico en la forma de un amparo normal, cuando se supone se tratan de figuras jurídicamente diversas, y que con la reforma prácticamente se equiparan, puesto que para el interés legítimo para su procedencia ahora se requiere acreditar una lesión jurídica, real y diferenciada, y precisamente las acciones colectivas lo que tutelan es algo distinto, como lo son, los derechos colectivos que en muchos ocasiones buscan salvaguardar intereses de la colectividad, no derechos subjetivamente tutelados.

v  El hecho de exigir la acreditación de una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada del resto de las personas, resulta un tanto complicado de demostrar, puesto que se pasa por alto, que en muchos casos la defensa constitucional, en este tipo de asuntos, atraviesa por la tutela de intereses colectivos o difusos, y no de intereses individuales concretos, –de ahí la parte complicada de acreditar una lesión jurídica, real y diferenciada-, consecuentemente se advierte la dificultad de la procedencia de los amparos en la esfera del llamado interés legítimo, bajo los requisitos planteados en la presente reforma.

v  En este sentido, se corre el riesgo de que ante la necesidad de acreditar una situación jurídica real y diferenciada del resto de las personas, prácticamente el interés legítimo ha perdido efectividad en la tutela y protección de los derechos colectivos, puesto que, de no acreditarse dicha afectación, se desecharían amparos, al no acreditarse la procedencia de los mismos.

v  Cabe destacar que resultaría aconsejable aclarar la aludida noción de afectaciones jurídicas reales, actuales y diferenciadas del resto de las personas, pues se estima que, con base en ello, los Juzgadores podrían desestimar amparos.

v  Sobre el presente aspecto, se considera que vale la pena examinar y estudiar la preocupación de que la reforma de referencia pudiera resultar regresiva y poner en riesgo el principio de la tutela jurisdiccional de los derechos humanos, además de incidir en una contravención a la certeza jurídica que debe privar en el uso y goce de los derechos humanos, así como de las garantías tuteladas por la propia Constitución mexicana y en los instrumentos internacionales respectivos.

I. Que la solicite la persona quejosa,

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Sin correlativo.

La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.

Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.

Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.

Para ello, el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar de forma expresa y justificada un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, a fin de verificar que concurran los requisitos siguientes:

I. Que exista el acto reclamado, se tenga certeza de su inminente realización u opere una presunción razonable sobre su existencia.

II. Deberá acreditarse, aunque sea de manera indiciaria, el interés suspensional de la persona promovente, entendido como la existencia de un principio de agravio derivado del acto reclamado, que permita inferir que su ejecución afectará a la persona quejosa.

III. Que, al ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social, el orden e interés público, el órgano jurisdiccional advierta que su concesión no causa un daño significativo a la colectividad, ni priva a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden.

IV. Que, del análisis preliminar de los argumentos y elementos aportados, se desprenda la apariencia del buen derecho, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del asunto.

…

…

Las normas generales, actos u omisiones de las autoridades a que refieren los párrafos decimoquinto y decimoséptimo del artículo 28 de la Constitución Federal, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la autoridad a que refiere el párrafo decimoquinto del artículo 28 de la Constitución Federal imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.

v  Con la reforma actual, se ajustan los requisitos para solicitar la suspensión del acto reclamado en el juicio de Amparo, si bien, se observa que siguen subsistiendo las figuras de las suspensiones ya sea de oficio o a petición de parte, sin embargo, debe advertirse que, en este último caso, los Juzgadores, con la reforma, se indica que para la procedencia de la suspensión, los aludidos Juzgadores deberán realizar en forma expresa y justificada un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social en relación con la suspensión solicitada.

v  Además de lo anterior, deberán verificarse entre otros requisitos que: a) Exista el acto reclamado, se tenga certeza de su inminente realización y que opere una presunción razonable sobre su existencia; b) Deberá acreditarse aun de manera indiciaria el interés suspensional; c) Examinar los efectos de la aludida suspensión frente al interés social, el orden e interés público, para ello, el juzgador deberá advertir si la suspensión causaría un daño significativo a la colectividad, y si se puede privar a la misma de aquellos beneficios que ordinariamente le corresponderían, y d) Que se desprenda la apariencia del buen derecho sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.

v  En el presente supuesto se observa que de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la suspensión en el Amparo, se advierte, la exigencia de una mayor rigurosidad legal para el otorgamiento de la suspensión, por ende, pareciera advertirse del contenido de la reforma, que existe un interés por reforzar el interés público en los temas de suspensión de los actos reclamados en los Juicios de Amparo, es decir, pareciera que existe una tendencia a que los Juzgadores al momento de examinar si se otorga o no una suspensión analicen pormenorizadamente si en el caso se afecta o causa un daño significativo a la colectividad como elemento esencial de su análisis, lo cual, podría conllevar a los Jueces, a temer conceder la suspensión, ante el hecho de que sus acciones pudieren generar un menoscabo del interés público o bien de la afectación al orden social.

Sin correlativo.

XVI. Se continúe con la realización de actividades o prestación de servicios que requieran de permiso, autorización o concesión emitida por autoridad competente, cuando no se cuente con la misma.

v  Se trata de una nueva causa que impide el otorgamiento de la suspensión en el amparo, pues se dice que se genera un perjuicio al interés social contraviniendo disposiciones de orden público en el tema de la suspensión en el Juicio de Amparo, señalando que se refiere al hecho de continuar con la realización de actividades o bien con la prestación de servicios que requieran de permiso, autorización o concesión emitida por una autoridad competente, cuando no se cuente con las mismas.

v  Un punto de preocupación en el presente aspecto, versa sobre el hecho de que en caso de que no se cuenten con las mismas, es decir, con los permisos, autorizaciones  o concesiones, como se prevé en la reforma, cómo pudiera ser que se hubiesen revocado o dejado sin efectos dichos permisos, autorizaciones o concesiones, tales situaciones pudieran devenir de procedimientos administrativos irregulares o ilegales que las revoquen o quiten, por ejemplo, tratándose de procedimientos administrativos viciados de origen o que, de plano contravengan normas procesales o garantías, y a través de la presente reforma se prevé la improcedencia de la suspensión cuando simplemente no se cuenten con los mismos, circunstancia que no toma en cuenta los diversos supuestos de irregularidades procesales que pueden presentarse en la práctica cotidiana y que en el caso prohíben el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado.

I a XIII…

Sin correlativo.

I a XIII…

XIV. Se permita la comisión o continuación de actos, operaciones o servicios que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas relacionadas que pudieran dañar al sistema financiero, en los términos de las leyes vigentes.

El órgano jurisdiccional, en todo caso, dejará a salvo los recursos necesarios para el pago de salarios u otro tipo de obligaciones contraídas con trabajadores, de alimentos decretados por autoridad competente, o bien, para asegurar la subsistencia de la persona física titular de la cuenta y de sus acreedores alimentarios, así como de créditos fiscales o hipotecarios para vivienda de uso propio, mientras se resuelve el juicio de amparo; supuestos que deberían quedar acreditados.

La suspensión definitiva únicamente podrá ser concedida para la disposición de recursos contenidos en cuentas cuya licitud quede acreditada a juicio del órgano jurisdiccional.

Tratándose del supuesto previsto en esta fracción, en ningún caso procederá la suspensión provisional.

Sin correlativo.

XV. Se impida u obstaculice que la autoridad competente requiera, obtenga o disemine información financiera para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas relacionadas.

v  Se trata de la incorporación de una causa, en dónde se señala que no se podrá conceder la suspensión en el Amparo, cuando se siga un perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, como ocurre en el supuesto de que se permita la comisión o continuación de actos, operaciones o servicios que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas relacionadas que pudieran dañar al sistema financiero, en los términos de las leyes vigentes

v  De manera similar que, en el punto anterior, se tiene que en el supuesto de que se impida u obstaculice que la autoridad competente requiera, obtenga o disemine información financiera para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita o bien de conductas ilícitas relacionadas, como sucede en el supuesto de empresas que son publicadas por la SHCP, en temas de falsa o indebida facturación.

Sin correlativo.

XVII. Se impida u obstaculice al Estado el ejercicio de sus facultades en materia de deuda pública, previstas en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, y las que se establezcan en las leyes de la materia.

El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos:

I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal;

II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica de la persona quejosa, y

III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

Sin correlativo.

En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía.

Tratándose de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieren sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente, o de actos que resuelvan sobre solicitudes de prescripción respecto de dichos créditos la suspensión podrá otorgarse discrecionalmente, la que surtirá efectos si se ha constituido garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora mediante billete de depósito emitido por institución autorizada o carta de crédito emitida por alguna de las instituciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y registradas para tal efecto ante el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

…

I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;

II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y

III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes.

I a III…

I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;

II. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas;

III. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder o negar la suspensión; y

IV. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda o niegue la suspensión. Si se concede, deberán precisarse los efectos para su estricto cumplimiento.

I. La determinación clara y precisa del acto o actos reclamados cuya suspensión se solicita;

II. La valoración de las pruebas que hayan sido admitidas y desahogadas dentro del incidente.

III. El análisis expreso y razonado de cada uno de los elementos exigidos por el artículo 128 de esta Ley, y

IV. Los puntos resolutivos en los que se exprese con claridad si se concede o niega la suspensión, señalando con precisión, en su  caso, los efectos y condiciones bajo los cuales se concede, para su estricto cumplimiento por la autoridad responsable.

En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación.

Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales.

Tratándose de juicios de amparo en los que se reclame  la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales.

v  De acuerdo con la presente reforma, en el artículo 129 de la Ley de Amparo, se prevé que se podrá negar la suspensión del acto reclamado, y considerar que se siguen perjuicios al interés social o que se contravienen disposiciones de orden público, en el supuesto de que se impida u obstaculice al Estado, el ejercicio de sus facultades en materia de deuda pública, facultades que se indica, se encuentran previstas en la Constitución mexicana, así como en la demás legislación aplicable.

v  Un aspecto importante es que tratándose de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieren sido impugnadas y que hubiesen quedado firmes por resolución de autoridad competente, o bien tratándose de actos que resuelvan sobre solicitudes de prescripción respecto de dichos créditos la suspensión podrá otorgarse en forma discrecional, siempre que se hubiere constituido la garantía ante la autoridad exactora, específicamente mediante billete de depósito emitido por institución autorizada o carta de crédito emitida por alguna de las instituciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y registradas para tal efecto ante el Servicio de Administración Tributaria.

v  Se modifican los criterios para emitir la resolución que versa sobre la suspensión definitiva al exigirse que la misma, deberá contener: a) Una determinación clara y precisa del acto o actos reclamados cuya suspensión se solicita; b) La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el tema; c) Un análisis expreso y razonado de cada uno de los elementos exigidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, d) Los puntos resolutivos en que se debe expresar si se concede o niega la suspensión y los efectos y condiciones en que se concederá la misma.

v  En la reforma se indica que tratándose de juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales. Este último punto, parece preocupante, debido a que anteriormente la Corte si detectaba la inconstitucionalidad de alguna norma en una Ley, podía llegar a dejar sin efectos la misma, salvaguardando la integridad del sistema y del orden constitucional, con la reforma, pareciera que deberá interponerse amparo tras amparo, para alcanzar la tutela constitucional, lo cual, pareciera devenir en un retroceso en la tutela de derechos, aclarándose que dicha señalamiento aplica de manera general y no específicamente en determinado tema.

I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la persona quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación;

II…

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I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la persona quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Tratándose de estos casos, la suspensión no podrá otorgarse con efectos distintos a los expresamente previstos en esta fracción.

II…

…

…

Sin correlativo.

…

El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones fijadas por la persona juzgadora dará lugar a su revocación de la suspensión.

v  En la Iniciativa de reforma, se plantea que en los supuestos de delitos que conlleven la prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la persona quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación y la concesión de la suspensión solamente podrá otorgarse para esas finalidades.

v  Por otra parte, se refiere que el incumplimiento de cualesquiera de las condiciones fijadas por la persona juzgadora en el presente caso, podrá dar lugar a la revocación de la suspensión concedida.

Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes.

Las personas morales oficiales, los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las empresas de participación estatal mayoritaria, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas, fondos, mandatos y fideicomisos públicos estarán exentos de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes.

v  En general se advierte que, a través de la Iniciativa de reformas a la Ley de Amparo, se observa que las personas morales oficiales, tales como: los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las empresas de participación estatal mayoritaria, las instituciones nacionales de crédito, entre otras, estarán exentos de prestar las garantías que se exigen en la Ley de Amparo.

v  El punto referido en el párrafo anterior, igualmente ocurrirá tratándose de las personas morales públicas y oficiales que conforman las Administraciones Públicas Federal, Estatal y Municipal, los fondos, mandatos o análogos, o cualquier otro ente público independientemente de su origen y estructura, lo que deja abierta la puerta para que los distintos tipos de estructuras o asociaciones normativas de orden público, los cuales, quedan exentos de cumplir con las garantías establecidas en la Ley.

Sin correlativo.

La notificación del auto por el cual se admita el recurso deberá efectuarse a las partes en un plazo que no exceda los cinco días siguientes a su emisión.

…

…

Ø  Consideraciones sobre el tema.

v  En el caso y con la Iniciativa de reformas se advierte que se precisan ciertos plazos para la realización de diversos actos procesales, a saber, cómo en el caso de que se notifique a las partes la resolución que admite a trámite el recurso de revisión contra la sentencia principal que será de 5 días; se fija plazo de 90 días para dictar sentencias que se emitan fuera de la audiencia constitucional en el amparo indirecto, y se prevé un término de 5 días para notificar a las partes el auto de admisión del Amparo.

v  Atendiendo a lo antes expuesto, se propone para los citados artículos, establecer un plazo cierto en cada uno de ellos, que deberán ser observados por las personas juzgadoras, a fin de agilizar el Juicio de Amparo y garantizar se dice una justicia más expedita.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Asimismo, el órgano jurisdiccional desechará de plano la recusación, cuando:

I. Se advierta que existan elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión, o

II. sea presentada para que algún Ministro o Ministra, Magistrado o Magistrada se abstenga de conocer de cuestiones accesorias o diversas al fondo de la controversia.

Sin correlativo.

…

El escrito de recusación deberá ser presentado con anterioridad a la publicación de la lista de sesión a que se refiere el artículo 184 de esta Ley. Para el caso de que el asunto sea retirado y/o aplazado conforme al citado artículo 184, no podrá volver a presentarse, salvo que se modifique la integración del órgano jurisdiccional.

…

v  A través de la Iniciativa de reformas se prevé que el órgano jurisdiccional desechará de plano una recusación que pudiera llegar a presentarse, en los supuestos de que: a) Se advierta que existen elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión, b) Sea presentada para que algún Ministro o Ministra, Magistrado o Magistrada se abstenga de conocer de cuestiones accesorias o diversas al fondo de la controversia. Sobre el punto, se estima que, a menos que dicha interposición sea notoria o a todas luces improcedente, resultará un poco complicado que pueda demostrarse que dicha instancia fue interpuesta con la intención de entorpecer o dilatar un procedimiento.

v  En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que el escrito de recusación deberá ser presentado con anterioridad a la publicación de la lista de la sesión en que vaya a ventilarse un asunto. Para el supuesto de que el asunto sea retirado y/o aplazado, se refiere que no podrá volver a presentarse dicha instancia, salvo que se modifique la integración del órgano jurisdiccional

Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días.

Sin correlativo.

Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días.

Las personas servidoras públicas serán responsables de verificar que los expedientes estén integrados debidamente con antelación a la celebración de la audiencia constitucional.

v  A través de la Iniciativa de reformas, se prevé que las personas servidoras públicas en los Juzgados, serán responsables de verificar que los expedientes se encuentren debidamente integrados, con antelación a la celebración de la celebración de la audiencia constitucional.

Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos al o la Ministerio Público de la Federación.

Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes.

Sin correlativo.

Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia.

…

v  En la norma se prevé que a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, las personas servidoras públicas tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellas les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a las omisas y difiera la audiencia. En este contexto, la Ley, dispone qué si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se remitan las pruebas respectivas.

v  Relacionado con el presente punto, en la reforma se indica que el plazo aludido en el punto anterior, no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento.

v  En estos supuestos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente. La falta de emisión de un voto particular no impedirá la publicación de la sentencia.

v  En el caso se advierte que la resolución de un Tribunal, se tomará por unanimidad o mayoría de votos. En este último caso, el magistrado o magistrada que no esté conforme con el sentido de la resolución deberá formular su voto particular dentro del plazo de diez días siguientes al de la firma del engrose.

v  En la Iniciativa de reformas se precisa que una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que se haya emitido el voto particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente. Se destaca que la falta de emisión de un voto particular no impedirá la publicación de la sentencia en su oportunidad.

Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo

Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la Ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para la persona promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente.

Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna.

Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el órgano de Administración Judicial.

La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones, y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.

Sin correlativo.

En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes.

El órgano de Administración Judicial, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso.

Las personas titulares de los órganos jurisdiccionales serán las responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que estas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios y las secretarias de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad.

El Órgano de Administración Judicial, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.

Sin correlativo

No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley.

Si las partes o sus representantes cuentan con un usuario dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, deberán manifestarlo desde su primera actuación en el juicio de amparo, a efecto de que sea a través de dicho medio por el cual se lleven a cabo las notificaciones correspondientes.

Las autoridades que tengan suscrito Convenio de Interconexión con el órgano de Administración Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán informarlo en su primera promoción, a efecto de que las notificaciones se realicen por medio de dicho sistema.

La presentación electrónica de promociones será opcional para la parte promovente, por lo que en ningún supuesto podrá condicionarse el acceso al procedimiento a la utilización de medios digitales, cuando la persona haya elegido ejercer su derecho a promover por escrito.

Únicamente podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la Ley, dejándose constancia de lo esencial.

Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna.

Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el órgano de Administración Judicial.

La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones, y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.

El órgano de Administración Judicial, mediante acuerdos generales, determinará la forma en que deberán integrarse los expedientes físicos y electrónico, salvaguardando en todo momento el derecho de las partes para consultarlos.

Las personas titulares de los órganos jurisdiccionales serán las responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten en forma física las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema.

El Órgano de Administración Judicial, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.

Todas las autoridades que participen en el juicio de amparo están obligadas a generar un usuario dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que por dicho medio actúen dentro del juicio. Las autoridades que tengan suscrito Convenio de Interconexión con el Órgano de Administración Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán actuar en el juicio a través de dicho sistema.

No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley.

Las notificaciones a las entidades a que se hace referencia en el párrafo anterior deberán ser hechas por medio de oficio impreso dirigido al domicilio oficial que corresponda o en forma digital a través del uso de la Firma Electrónica.

Las notificaciones a las entidades a que se hace referencia en el párrafo anterior deberán ser hechas vía electrónica, con el uso de la Firma Electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, conforme al Convenio suscrito con el Órgano de Administración Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y solo excepcionalmente por medio de oficio impreso dirigido al domicilio oficial que corresponda.

I. a III…

IV. por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo solicite, y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica.

Sin correlativo

Sin correlativo.

Sin correlativo.

I a III…

IV. Por vía electrónica:

a) A las Partes que cuenten con un usuario dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

b) A las autoridades, a través de los perfiles institucionales oficiales con que cuenten dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, conforme al Convenio que tengan suscrito con el Órgano de Administración Judicial y la suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para los supuestos enunciados en los incisos anteriores, la totalidad de las notificaciones del juicio de amparo, ya sean de carácter personal o por lista, deben practicarse por las vías mencionadas.

I a III…

Sin correlativo

…

I a III…

IV. Cuando obre en autos que la persona cuenta con un usuario dentro del Portal de Servicios en Línea del poder Judicial de la Federación, la notificación se hará de forma electrónica.

…

I…

II. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por correo en pieza certificada con acuse de recibo, el que se agregará en autos.

En casos urgentes, cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, pero en zona conurbada, podrá ordenarse que la notificación se haga por medio del actuario o actuaria, y

Sin correlativo.

Sin correlativo.

III…

…

I…

II. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por correo en pieza certificada con acuse de recibo, el que se agregará en autos.

En casos urgentes, cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, pero en zona conurbada, podrá ordenarse que la notificación se haga por medio del actuario o actuaria.

El Órgano de Administración Judicial será el encargado de desarrollar y actualizar mediante acuerdos generales, el listado de medios electrónicos aptos para practicar notificaciones en el juicio de amparo.

En ningún caso podrán practicarse notificaciones a las partes por un medio diverso al establecido en la presente ley, en los acuerdos generales emitidos por el Órgano de Administración Judicial o, tratándose de autoridades responsables que tengan Convenio suscrito con el Órgano de Administración Judicial o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, en contravención a las formas o medios que se establezcan en dicho convenio, y

III…

…

I. A las y los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas, así como cualesquier otra que tuviere intervención en el juicio, la primera notificación deberá hacerse por oficio impreso, en los términos precisados en el artículo 28 de esta Ley y excepcionalmente a través de oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica.

…

II y III…

I. A las y los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas, así como cualesquier otra que tuviere intervención en el juicio, la primera notificación deberá hacerse por oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica al usuario registrado dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o en su caso, mediante el sistema establecido en el Convenio suscrito con el Órgano de Administración Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, excepcionalmente, por oficio impreso en los términos precisados en el artículo 28 de esta Ley.

II y III…

v  En términos generales en las reformas a la Ley de Amparo, se actualizan diversos supuestos normativos vinculados con el tema de la impartición de justicia en línea. Al amparo de tal situación, se indica que las promociones deberán realizarse por escrito y su presentación podrá efectuarse de manera electrónica o impresa.

v  En la reforma se precisa qué si las partes o sus representantes cuentan con un usuario dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, deberán manifestarlo desde su primera actuación en el juicio de amparo, a efecto de que sea a través de dicho medio por el cual se lleven a cabo las notificaciones correspondientes.

v  Debe considerarse que la presentación electrónica de promociones será opcional para la parte promovente, por lo que en ningún supuesto podrá condicionarse el acceso al procedimiento a la utilización de medios digitales, cuando la persona haya elegido ejercer su derecho a promover por escrito.

v  Se advierte del contenido de la reforma que el órgano de Administración Judicial, mediante acuerdos generales, determinará la forma en que deberán integrarse los expedientes físicos y electrónicos en los Amparos, salvaguardando en todo momento el derecho de las partes para consultarlos.

v  En términos generales se advierte que se actualizaron diversas normas previstas para el desarrollo de los Amparos por medios electrónicos.

I. …

II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, la persona quejosa tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley.

…

Sin correlativo.

I…

II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, la persona quejosa tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial y que no hubieren sido de su conocimiento con anterioridad a la presentación de la demanda. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley.

…

No procederá la ampliación de demanda fuera de los casos expresamente previstos en este artículo.

v  En la Iniciativa de reformas a la Ley de Amparo se menciona que no procederá la ampliación de la demanda de Amparo fuera de los casos previstos en el artículo 111 de la Ley.

v  Esto es, en el art. 111 se indica que podrá ampliarse la demanda cuando: a) No hayan transcurrido los plazos para su presentación, y b) Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, la persona quejosa tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, en cualquier forma, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo.

v  Asimismo, en la Iniciativa de reformas se refiere qué con independencia de lo previsto en  la Ley, la persona quejosa cuando tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial y que no hubieren sido de su conocimiento con anterioridad a la presentación de la demanda. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el aludido artículo 17.

v  A modo de guisa, debe considerarse que en el art. 17 de la Ley de Amparo, se prevé que el plazo para presentar, la demanda será de 15 días, salvo: cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que el término será de 30 días, o bien, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta 8 años, entre otros aspectos.   

…

Sin correlativo.

…

…

La persona juzgadora previo a requerir a las autoridades responsables o a otras que considere como vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, deberá analizar el marco jurídico de actuación de las mismas para determinar si conforme a sus facultades les corresponde llevar a cabo actos relacionados con el cumplimiento respectivo.

…

I a III…

IV. No trámite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por esta Ley las constancias que le sean solicitadas por amparo o por las partes en el juicio constitucional.

…

…

I a III…

IV. No tramite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por esta Ley las constancias que le sean solicitadas por amparo o por las partes en el juicio constitucional.

…

…

I a V…

I a V…

v  En relación a la ejecución y al cumplimiento de las sentencias en el Amparo, en la Iniciativa de reformas se menciona que el Juez previo a requerir o vincular a las autoridades responsables al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, el Juzgador, deberá analizar el marco jurídico de actuación de las mismas para determinar si les corresponde realizar actos a las mismas.

v  Se hace notar que cuando al concederse definitivamente el amparo a la persona quejosa aparezca que el acto reclamado además de violar derechos humanos y garantías, cuenta con datos de prueba de un hecho que la Ley señala como delito, se pondrá en conocimiento del Ministerio Público que corresponda, los hechos de referencia.

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio a la persona quejosa.

Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:

a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;

b) Las leyes federales;

c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

d) Las leyes de los Estados y de la Ciudad de México;

e) Los reglamentos federales;

f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;

II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;

Sin correlativo.

III a IX…

Si se trata de actos de ejecución o cobro de contribuciones de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieren sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente, o de resoluciones que resuelvan solicitudes de prescripción de dichos créditos firmes, sólo podrá promoverse el amparo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, caso en el cual se harán valer las violaciones cometidas durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida;

III a IX…

v  En la iniciativa de reformas se indica en el artículo 107 de la Ley de Amparo y en relación a la procedencia del propio Amparo Indirecto, en la reforma se refiere que cuando se trate de actos de ejecución o cobro de contribuciones de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieren sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente, o de resoluciones que resuelvan solicitudes de prescripción de dichos créditos firmes, sólo podrá promoverse el amparo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, caso en el cual se harán valer las violaciones cometidas durante el procedimiento.

v  Con relación al presente punto, se hace notar que el hecho de puntualizar que solamente podrá promoverse el Amparo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, caso en el cuál, podrán hacerse valer las violaciones cometidas durante el procedimiento, pareciera tratarse de una reforma legal que genera cierto grado de regresividad en la salvaguarda y tutela de los derechos humanos, así como de las garantías otorgadas a favor de las personas.

v  Lo anterior en virtud de que, si anteriormente se podía hacer valer un Juicio Contencioso Administrativo en estos supuestos, ahora se restringe dicha acción procesal que conlleva a una tutela jurisdiccional, acotándolo, al tema del Amparo Indirecto, y delimitando su interposición sólo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate. Inclusive en la misma reforma se indica que las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida.

v  De hecho, lo comentado en el presente punto, se relaciona en forma directa con la reforma al Código Fiscal de la Federación, así como a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se acompaña a la propia reforma de la Ley de Amparo.

v  Atendiendo a la consideración de referencia, en la presente situación se observa que en la Iniciativa de reformas a la Ley de Amparo, en la misma se indica que existe una improcedencia del recurso de revocación contra actos de procedimiento administrativo de ejecución respecto de créditos fiscales firmes, así como de actos, o resoluciones que resuelvan sobre solicitudes de prescripción de créditos firmes, generándose la también la improcedencia del Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de los referidos actos.

v  No obstante, lo anterior, se hace notar que se está de acuerdo en que la autoridad fiscal refuerce sus atribuciones recaudatorias inherentes.

v  Sin embargo, se estima conveniente examinar la presente reforma a la luz de la progresividad de los derechos humanos y de sus garantías; atendiendo al principio de tutela jurisdiccional; al principio de certeza jurídica, y al de confianza legítima en el ámbito fiscal.

I a IX…

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

I a IX…

X. Que el contribuyente manifieste desconocer.

XI. Que exijan el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieren sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente.

XII. Que resuelvan sobre solicitudes de prescripción de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieren sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente.

I…

II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

III a XIX…

I…

II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; con excepción de las que exijan el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieren sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente, o de actos que resuelvan sobre solicitudes de prescripción respecto de dichos créditos.

III a XIX…