Repercusión del Déficit de Atención a las Leyes Fiscales en Actos de Fiscalización en materia de Comercio Exterior, Autor Marco Antonio Reyes Gladin, Socio Líder de Comercio Exterior en Andersen Tax & Legal.
El comercio exterior en México ha conseguido un alto crecimiento económico logrando con ello el desarrollo de grandes empresas nacionales y transnacionales, mismas que tácitamente han adquirido la obligación de conocer con certeza y a detalle cada una de las obligaciones a las cuales se encuentran sujetas en términos de su operación diaria.
Sin embargo a lo largo de los años se ha hecho evidente que existe un déficit de atención al análisis de diversas leyes fiscales y, por ende, al cumplimiento de las obligaciones que de ellas emanan, toda vez que no todas contemplan dentro de su operación cotidiana los controles necesarios para su cumplimiento y monitoreo.
Por estas razones, el marco regulatorio fiscal representa una mayor oportunidad de control y de fiscalización para la autoridad, que tiene como objetivo general maximizar el cumplimiento de todas estas disposiciones inherentes a los actores del comercio exterior, pero así también generar un instrumento de control de obligaciones que disminuya la evasión y elusión fiscal.
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Hoy en día, la autoridad se encuentra fortaleciendo la fiscalización y el control aduanero por medio de modelos de riesgo más asertivos y de inteligencia analítica basada en ciencia de datos, así como, mediante estrategias integrales a lo largo del ciclo tributario que permitan la detección oportuna y el combate de dichas prácticas.
Según el Informe Tributario y de Gestión para el cuarto trimestre de 2019 emitido por el SAT, durante 2019 se recaudaron 233,482 millones de pesos (mdp) por actos de fiscalización, monto mayor en 41,918 mdp al obtenido en 2018, lo que refleja un incremento de 17.6% en términos reales; mientras que para ese mismo año se recaudaron 105,766 mdp derivado de actos de control de obligaciones, lo que representa un aumento de 15.9% en términos reales en comparación con 2018, es decir, se recaudaron 17,683 mdp más.
Por lo que resulta evidente que es estrictamente indispensable tener la certeza inminente del cumplimiento íntegro de las multicitadas obligaciones, a las cuales nos referiremos por su naturaleza como obligaciones permanentes, puesto que, en el peor de lo escenarios, podría llegar a representar que el flujo de operación de las empresas se detenga por el incumplimiento involuntario o descuido de estas obligaciones fiscales.
En términos generales, encontramos por ejemplo, la inobservancia a aquellos ordenamientos referentes al IVA referente al tema de la enajenación de mercancías de importación en territorio nacional, en cuanto a la aplicación de la tasa del 0%, a su retención y/o a su acreditamiento, o bien al correspondiente al ISR en lo que concierne a deducciones tratándose de adquisiciones de mercancías de importación y hasta aquellos preceptos jurídicos que regulan conceptos tales como el establecimiento permanente derivado de operaciones celebradas con residentes en el extranjero, entre otras.
Asimismo, cabe hacer mención que en México la disminución de aranceles ha derivado de una evolución impositiva del comercio exterior, la cual así también obliga a las empresas a cumplir adicionalmente con diversas obligaciones tanto fiscales como con aquellas derivadas de diferentes tratados y acuerdos, autorizaciones, registros y/o certificaciones.
Encontrándonos así ante la imperiosa necesidad de atender las operaciones de importación y exportación al amparo de cualquier régimen aduanero desde diferentes perspectivas (aduaneras, fiscales y legales), buscando en todo momento disminuir tanto la evasión como la elusión fiscal, siendo esta última una práctica que en ocasiones se realiza de forma frecuente y como parte de una operación regular.
Por todo lo anterior, y una vez que la evolución impositiva del Comercio Exterior en México ha tenido un gran impacto en el ámbito fiscal del país y en el de las empresas, es indispensable implementar esquemas de cumplimiento para mantener vigentes aquellos mecanismos que brindan beneficios y facilidades a nuestras empresas, así como en ejecutar planes de acción para el control oportuno de riesgos y disminución de los mismos.
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